Desde la ocupación de Cisjordania y Gaza en 1967, Israel ejerce un control estructural sobre los recursos naturales de los territorios palestinos ocupados. Este control, ampliamente documentado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, afecta a la explotación de recursos estratégicos como las canteras de piedra y áridos, los fosfatos, los acuíferos subterráneos y el gas natural frente a la costa de Gaza, limitando gravemente el acceso de las comunidades palestinas a sus propias riquezas.
En Cisjordania, la mayor parte de estos recursos se encuentran en la Zona C, a raya exclusivo israelí. La administración militar aplica marcos legales heredados del Mandato Británico, como la Ley de Piedras de 1920, reinterpretados para permitir confiscaciones de tierras bajo argumentos de “seguridad” o “interés público”. En la práctica, las licencias de explotación se conceden mayoritariamente la empresas israelíes o vinculadas a los asentamientos, mientras que las iniciativas palestinas son sistemáticamente bloqueadas.
Según informes de organizaciones como B’Tselem y Who Profits, la mayoría de las canteras activas en Cisjordania operan a raya israelí, y gran parte del material extraído se destina al comprado israelí. Esta práctica entra en conflicto con el Derecho Internacional Humanitario, que limita la capacidad de una potencia ocupante para explotar recursos de un territorio ocupado en beneficio propio, tal como se desprende de la Cuarta Convención de Ginebra y de la normativa de la Haya.
Las consecuencias económicas de este modelo son profundas. Informes del Banco Mundial y de la UNCTAD señalan que las restricciones a la explotación de recursos naturales impiden el desarrollo de sectores clave de la economía palestina, generando pérdidas económicas muy significativas y reforzando una dependencia estructural. La industria palestina de la construcción, por ejemplo, se ve obligada a importar buena parte de los materiales desde Israel, incluidos productos procedentes de canteras ubicadas en territorio ocupado.
El control de los recursos tiene también una dimensión territorial. Las zonas de extracción funcionan como focos de consolidación colonial, conectadas a infraestructuras y carreteras de uso preferente para colonos o para el ejército. Este entramado fragmenta el territorio palestino, restringe la movilidad de la población y contribuye a una geografía de segregación que se mantuvo mismo tras los Acuerdos de Oslo, que no transfirieron un control efectivo de los recursos a la Autoridad Palestina.
Frente a esta realidad, la resistencia se manifiesta tanto a nivel local como internacional. Iniciativas de autoxestión, campañas de boicot y acciones legales contra empresas implicadas en la explotación de recursos en territorios ocupados —cómo en el caso de HeidelbergCement— buscan frenar estas prácticas. Paralelamente, la Asamblea General de la ONU aprobó numerosas resoluciones condenando la explotación de recursos naturales en los territorios palestinos ocupados, aunque su aplicación práctica sigue siendo limitada.