Entre el 19 y el 22 de julio de 2001, la ciudad italiana de Génova se convirtió en el epicentro de la lucha antiglobalización. La reunión de líderes del G8 (Grupo de los Ocho) provocó una respuesta ciudadana sin precedentes, convocada por el Genoa Social Forum, una plataforma que llegó a agrupar a unas 800 organizaciones de diversa índole. Las estimaciones hablan de entre 200.000 y 300.000 personas llegadas de toda Europa pa para participar en la contracumbre, en un movimiento que se encontraba entonces en su momento de máxima efervescencia.
El dispositivo de seguridad diseñado por el gobierno de Silvio Berlusconi fue extremo. La ciudad fue prácticamente blindada con la instalación de la llamada “zona rossa” (“zona roja”), un área fuertemente vigilada y sellada con barreras de hormigón a la que solo podían acceder los mandatarios. Un despliegue de cerca de 20.000 efectivos entre policías y militares ocupó las calles, e incluso se situaron baterías de misiles en el aeropuerto. Esta militarización, sumada al clima de tensión previa generado por los medios de comunicación, hacía presagiar un enfrentamiento de enorme dureza.
Las jornadas de protesta estuvieron marcadas por la diversidad de estrategias. Mientras cientos de miles participaban en marchas pacíficas y acciones de desobediencia civil, como la que el viernes 20 intentó asediar la zona roja, el “black bloc” y grupos de esa misma línea de acción directa protagonizaron acciones contra símbolos del capitalismo y tuvieron enfrentamientos con las fuerzas del orden en diversos puntos de la ciudad. No obstante, lo que realmente conmocionó a la opinión pública fue la desproporcionada respuesta del Estado. Ese mismo viernes, el joven activista Carlo Giuliani, de 23 años, fue asesinado por dos disparos de un carabinero y posteriormente atropellado por un vehículo policial, convirtiéndose en el primer mártir del movimiento.
La represión no terminó con su muerte, pues a partir de ahí se iniciaría lo que se considera la mayor violación de derechos humanos en un Estado occidental desde la Segunda Guerra Mundial. En la noche del 21 al 22 de julio, la policía irrumpió violentamente en la escuela Díaz-Pertini, donde dormían activistas y periodistas, dejando un saldo de 62 personas heridas. En los días siguientes, cientos de personas detenidas fueron trasladadas al cuartel de Bolzaneto, donde sufrieron palizas y humillaciones sistemáticas. Años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado italiano, calificando los hechos de la escuela Díaz como “tortura” y reconociendo los malos tratos en Bolzaneto. Estas sentencias confirmaron que la violencia no fue un hecho aislado, sino una estrategia premeditada para criminalizar el movimiento antiglobalización y enviar un mensaje de advertencia a futuras movilizaciones. Al mismo tiempo, Génova 2001 dejó un legado incuestionable, pues convirtió el sabotaje en un elemento cotidiano: desde el boicot a las eléctricas hasta la ocupación de sedes bancarias.