Su emisión se convirtió en una cita histórica: el 17 de enero de 2015, cerca de 569.000 espectadores (un 20% de cuota) siguieron la historia del caso 4F, una cifra desorbitada para el Canal 33. El documental había recorrido festivales y centros sociales y ahora llegaba a la ciudadanía de forma más masiva.
La expectación no era casual. Días antes, un juzgado de Barcelona ordenó cortar cinco minutos del largometraje por considerar que vulneraban el derecho al honor de un exjefe policial. La censura judicial provocó un efecto Streisand inesperado y las redes sociales se incendiaron con los hashtags #TotCiutatMorta y #BaixaalBar, y miles de personas organizaron paseos extraoficiales del metraje íntegro.
Los hechos que relata el documental, dirigido por Xavier Artigas y Xapo Ortega, son demoledores. Todo comenzó el 4 de febrero de 2006 (lo que daría nombre al caso posterior como 4F) durante el desalojo de una fiesta en un teatro okupado. Se producen cargas policiales que son respondidas con lanzamientos de objetos y un agente de la Guardia Urbana queda tetrapléjico al recibir, sin casco, el impacto de una maceta. Ante la dificultad para encontrar al autor, la policía detuvo aleatoriamente, por perfil racial o por su aspecto, a varias personas que encontraron en las proximidades. Estas personas serían privadas de libertad durante dos años, a la espera de un juicio en el que el testimonio de la policía fue la base única para las condenas de elevadas penas de prisión.
Además, varias de las personas detenidas denunciaron torturas durante los interrogatorios: amenazas, simulación de ahogamiento y agresiones que requirieron puntos de sutura, quemaduras con cigarrillos. Entre ellos se encontraba Patricia Heras, una joven estudiante de literatura que fue detenida en un hospital al que había acudido por un accidente ajeno a los disturbios.
Cinco años después, en 2011, y en parte como consecuencia de haber sido víctima de un montaje policial y de represión, Patricia Heras termina con su vida durante una salida de permiso.
La investigación periodística de la película demostró que, con el paso del tiempo, los agentes cuyo testimonio fue clave fueron condenados por torturar a otro detenido en un caso diferente. Además de aparecer, a posteriori, una persona que aseguraba tener información sobre quién lanzó, realmente, aquella maceta. A pesar de todo esto, la Fiscalía se negó a reabrir el caso 4F.
El documental existe como recordatorio de que el sistema judicial es garante de justicia y para probar la existencia de un montaje policial con cobertura política y mediática.