El pasado 29 de marzo la Generalitat de Cataluña y la compañía eléctrica Endesa alcanzaron un acuerdo1 —calificado de “histórico” por las organizaciones sociales— que condonará el 73% de la deuda acumulada a las familias más vulnerables entre 2015 y 20202, y el resto de la deuda la asumira la administración autonómica.
Este acuerdo solo ha sido posible gracias al marco jurídico que existe en Cataluña:el convenio entre Endesa y la Generalitat se enmarca dentro de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética3, esta ley fue impulsada desde la sociedad civil gracias a organizaciones como la propia Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)4.
Además, el acuerdo incluye la creación de un Fondo de Atención Solidaria que posibilitará a las personas afectadas pagar considerablemente menos por sus facturas, evitando de esta manera la generación de nuevas deudas en el futuro. En este fondo contribuirán al 50% Endesa y las Administraciones5. La APE además asume que la Generalitat alcanzará identicos acuerdos con las otras dos grandes eléctricas: Naturgy e Iberdrola.
En el resto del estado español, en estos momentos, tras el inicio de la pandemia, el Gobierno central prohibió los cortes de suministros a las familias más vulnerables6, lo que no evita que la deuda se acumule. Esto se combina con el bono social que cualquier persona en situación de vulnerabilidad podría solicitar7.
La APE considera que esta no es una solución adecuada y por ello han iniciado una campaña nacional: “La regulación debería hacerse a nivel estatal, obligando a las compañías a hacer tarifas sociales que incluso pueda llegar a un descuento del 100% […] y que sean las empresas quienes asuman los descuentos. Son compañías que gestionan necesidades básicas y hacen un negocio con la energía, por lo que deberían ser ellas quienes asuman los costes de quien no pueda pagar”8, defiende la portavoz María Campuzano.
En esta línea, tanto el MInisterio de Transición Ecológica como las administraciones autonómicas y locales deberían contribuir a reducir el consumo eléctrico tomando medidas como el acondicionamiento de las viviendas de las familias más vunerables, ganando así dos partidas, a la lucha contra el cambio climático y reduciendo el consumo eléctrico y de gas de las familias más vulnerables. Desde luego este episodio abre la puerta a reducir el poder de las eléctricas y a proteger a lxs más vulnerables en materia energética.
1 https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=897438 2 https://pobresaenergetica.es/es/2021/03/29/firmado-el-convenio-con-endesa-que-liberara-a-35-000-familias-de-su-deuda/ 3 https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/09/pdfs/BOE-A-2015-9725.pdf 4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document//E-8-2016-003799_ES.html 5 https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=897465 6 https://www.rtve.es/noticias/20201222/gobierno-aprobara-este-martes-prohibir-desahucios-cortes-suministros-hasta-fin-del-estado-alarma/2060811.shtml 7 https://www.bonosocial.gob.es/ 8 https://pobresaenergetica.es/es/2021/02/12/la-sociedad-civil-exigimos-en-una-reunion-con-el-ministro-de-consumo-alberto-garzon-medidas-para-proteger-a-las-familias-que-sufren-pobreza-energetica/
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