En la última década, el mercado de la vivienda en el Estado español ha experimentado una profunda transformación con la entrada masiva de los denominados fondos de inversión, conocidos popularmente como «fondos buitre». Su estrategia ha consistido en adquirir carteras enteras de inmuebles a precios reducidos, aprovechando la crisis financiera y las privatizaciones de parques públicos de viviendas. Un ejemplo destacado fue la venta en 2013 de casi 1.900 viviendas de protección oficial del Ayuntamiento de Madrid al fondo Blackstone, que fueron revendidas posteriormente a un valor muy superior.
Una vez en posesión de los inmuebles, el modelo de negocio de estas entidades se basa en maximizar la rentabilidad mediante subidas abusivas de los alquileres y la presión sobre los inquilinos. Casos como el de Maricarmen, una anciana de 87 años que vive en el mismo piso de Madrid desde hace siete décadas, ilustran esta dinámica. Tras la compra del edificio por un fondo, la empresa propietaria pretendió incrementarle la renta de los 440 euros que pagaba a 1.650 euros mensuales, una cantidad superior a su pensión, lo que provocó una orden de desahucio.
Las tácticas de acoso inmobiliario o mobbing constituyen otra herramienta habitual para forzar la salida de las familias. Los vecinos del número 7 de la calle Tribulete, en el barrio madrileño de Lavapiés, llevan dos años soportando obras continuas, goteras, desprendimientos y cortes de suministros desde que el fondo «Elix Rental Housing» compró el edificio en 2024. Esta situación, denunciada por el Sindicato de Inquilinas, ha llevado a la primera querella colectiva en España contra un fondo de inversión por acoso inmobiliario, una causa judicial que fue admitida a trámite y que sentó en el banquillo a directivos de la empresa.
La respuesta judicial comienza a dar sus frutos. En 2023, un juzgado de Barcelona emitió una sentencia pionera que declaraba nulas nueve cláusulas abusivas impuestas por el fondo Azora en un contrato de alquiler, entre ellas una que permitía una subida del 30% de la renta. Este fallo supuso un importante precedente moral y abrió la puerta a que más afectados denuncien estas prácticas.
En definitiva, la acción de los fondos de inversión evidencia la financiarización de la vivienda, donde este bien de primera necesidad es tratado como un mero activo especulativo. Frente a esta situación, los movimientos vecinales y sindicatos de inquilinos continúan movilizándose para exigir la paralización de los desahucios y la recuperación de un parque público de vivienda que garantice el derecho a un hogar, al mismo tiempo que la justicia comienza a poner freno a las prácticas abusivas.